Panamá
Si bien Panamá se presenta como un país con un alto índice de desarrollo humano, sigue presentando brechas muy significativas en la cobertura de servicios de agua y saneamiento, en especial en las comarcas indígenas, donde se evidencia una gran desigualdad territorial. El 91% de la población indígena de la Comarca Ngäbe-Buglé padece pobreza extrema. La brecha es de especial relevancia en la provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, donde la cobertura de servicios básicos alcanza solo al 64% de la población. Debido a esta carencia, las enfermedades diarreicas suponen la tercera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años.
En lo que respecta a las intervenciones de agua de la Cooperación Española, se encuentran en ejecución dos programas de mejora del acceso al agua y al saneamiento en zonas indígenas y rurales del este (cartera multilateral) y del oeste del país (cartera bilateral). Ambos programas tienen como objetivo principal la mejora del acceso al agua y al saneamiento en zonas indígenas y rurales a través de la construcción de sistemas de agua y saneamiento, la gestión comunitaria de los mismos y la promoción de planes de desarrollo locales con el fortalecimiento de las instituciones del sector. Cuentan con un presupuesto conjunto de más de 20 millones de euros, de los que algo más de 10 millones son donaciones de España e incluyen componentes estratégicos para la sostenibilidad de los servicios implementados.
Estos programas, además, prestan especial atención al componente de género, incorporando estrategias para la mejora y el fortalecimiento del papel de la mujer en el ámbito comunitario. Una muestra del trabajo realizado es la creación de la Escuela de Lideresas, enfocada en la capacitación y el empoderamiento de lideresas indígenas en zonas de intervención en la Comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de potenciar la participación femenina en las Juntas de Agua y Saneamiento, así como en otros espacios comunitarios de decisión.
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A cierre de 2020, los proyectos del programa bilateral se encuentran en situación delicada, dado que los impactos de la pandemia COVID-19 en Panamá y las restricciones adoptadas como medida sanitaria para combatirla han imposibilitado que se realizaran los avances esperados en la ejecución de las infraestructuras de agua y saneamiento de los proyectos, así como en el resto de componentes del programa (institucional, comunitario) y en actividades concernientes a los aspectos transversales (salud, género, cambio climático, multiculturalidad).
En este programa bilateral, solo uno de los cuatro lotes de proyectos licitados se encuentra finalizado. Este es el proyecto de Chichica-Las Lajitas, donde se ha construido un sistema de agua potable por gravedad que ha mejorado el abastecimiento de las comunidades rurales beneficiarias en lo que se refiere tanto a la dotación, tiempo de servicio (24h), calidad y almacenamiento. También se ha fortalecido al operador, en la operación y mantenimiento de los sistemas. De igual forma, el proyecto construyó 325 unidades de saneamiento individuales y dos módulos escolares. En lo que respecta a la cartera multilateral junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el avance de los trabajos ha sido irregular, debido al repunte de casos de COVID-19, ya que se ha visto dificultado el acceso por los confinamientos sanitarios. Debido al parón en la ejecución, se ha concedido una prórroga del programa hasta el 30 de junio de 2021.
Las actividades de fortalecimiento institucional de las Juntas Administradoras de Agua Rural (JAAR) están siendo ejecutadas y, aunque con unos tiempos más dilatados, continúa implementándose el plan de género con el deseado desarrollo de escuelas de lideresas del agua.
Asimismo, y como parte de los apoyos estratégicos y de asistencia técnica para el desarrollo del sector de agua y saneamiento en Panamá, en 2018 se aprobó también el nuevo Programa para la Elaboración Participativa y Difusión de la “Guía nacional para la selección de tecnologías de tratamiento de aguas residuales”, cuyo objetivo general es el apoyo a la implementación de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento para la República de Panamá 2019-2030. No obstante, este proyecto también se ha visto retrasado por los impactos de la pandemia.